Administración pública y discrecionalidad en los periodos de pago

Por Joan Barrubés (jbarrubes@antares-consulting.com)

Una de las manifestaciones más claras, y presentes incluso en años de bonanza, sobre la difícil sostenibilidad financiera de nuestro sistema sanitario es el periodo de pago a proveedores. Tradicionalmente este tema se centraba sobretodo en fármacos y tecnología médica. Sin embargo, esta larga crisis ha hecho que afecte al conjunto de proveedores sanitarios. En el último año hemos vivido el profundo malestar de las oficinas de farmacia sobre este tema. Y también está afectando al resto de proveedores: de conciertos con clínicas privadas hasta material de oficina.

Con efectos de clarificar posturas y no caer en malentendidos, vaya por delante que me parece lógico y legítimo que cualquier proveedor de cualquier sector de actividad proteste cuando el periodo de pago se alarga más de un año (para los laboratorios farmacéuticos y empresas de tecnologías sanitarias, para más de dos tercios de su facturación) o bien cuando le han duplicado o triplicado el periodo de pago (oficinas de farmacia, que está en unos 120 días para la mitad de su facturación).

En mi opinión, la cuestión de fondo reside en otra parte: ¿por qué la administración aplica periodos de pago distintos según tipo de proveedores? Uno de los principios (y de las virtudes!) de la administración es garantizar la igualdad de trato y eliminar la discrecionalidad. De ahí el origen de procedimientos tan farragosos como la contratación pública: reducir a la mínima expresión la discrecionalidad y establecer mecanismos transparentes de selección y decisión. Así pues, ¿en qué nos basamos para pagar primero a una oficina de farmacia y no a un laboratorio farmacéutico cuando ambos suministra medicamentos? Más extremo todavía ¿se paga antes la luz que el equipo de resonancia magnética? Lo digo porque es obvio que uno sin el otro no pueden funcionar. Por lo tanto, los criterios subjetivos que pueda haber sobre cuál es más importante no son más que criterios de discrecionalidad. Y ¿no habíamos quedado que esto no es  ni debe ser posible en un entorno de gestión pública ?

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